a bordo de cualquier aeronave o buque bajo la jurisdicción de un Estado miembro;

a bordo de toda aeronave o buque que dependa de la jurisdicción de un Estado miembro;

a bordo de toda aeronave o buque que dependa de la jurisdicción de un Estado miembro;

no conceder licencias o permisos de pesca especiales para faenar en las aguas sujetas a su soberanía o jurisdicción a los buques que figuren en la lista de buques INDNR;

Los inspectores deberán ser ciudadanos del Estado miembro que los designe y durante sus actividades de control estarán sujetos únicamente a la jurisdicción de ese Estado miembro.

Los Estados miembros podrán reforzar los requisitos establecidos en el presente artículo o añadir nuevos requisitos con relación a los agentes vinculados registrados bajo su jurisdicción.

Las subvenciones estarán sujetas a medidas correctoras sólo si están limitadas, de hecho o de derecho, a una empresa o sector o un grupo de empresas o sectores dentro de la jurisdicción del organismo que las conceda.

garantizar que los nacionales sujetos a su jurisdicción no aporten ninguna ayuda ni lleven a cabo actividades pesqueras INDNR, en particular trabajo remunerado, a bordo de buques que figuren en la lista INDNR a que se refiere el artículo 29;

El cómputo de todos los plazos nacionales relativos a la concentración quedará suspendido hasta que, de conformidad con el procedimiento establecido en el presente artículo, se haya decidido la jurisdicción que estudiará la concentración.

todos los costes que preceden a la concesión del derecho en la primera jurisdicción, incluidos los costes relativos a la preparación y presentación de la solicitud, así como los de renovación de la solicitud incurridos con anterioridad a la concesión del derecho;

Los Estados miembros velarán por que las sanciones por la práctica de la pesca INDNR que se impongan a los nacionales bajo su jurisdicción sean suficientemente severas para prevenir, disuadir y hacer que desaparezca dicha pesca, así como privar a los infractores del beneficio económico derivado de sus actividades ilícitas.

Previa solicitud ante el órgano jurisdiccional de origen, el certificado de título ejecutivo europeo:

el deudor ha manifestado expresamente su acuerdo sobre el mismo, mediante su admisión o mediante transacción aprobada por un órgano jurisdiccional o celebrada en el curso de un procedimiento judicial ante un órgano jurisdiccional;

el órgano jurisdiccional o la autoridad competente en el Estado miembro de ejecución, podrán, a instancia del deudor:

los costes de traducción y demás costes en que se haya incurrido para obtener o validar el derecho en otras jurisdicciones;

El presente Reglamento se aplicará en materia civil y mercantil, con independencia de la naturaleza del órgano jurisdiccional.

A tal fin conviene atribuir al Tribunal de Justicia competencia jurisdiccional plena en virtud de lo dispuesto en el artículo 229 del Tratado.

Los Estados miembros notificarán a los demás Estados miembros y a la Comisión los organismos sometidos a su jurisdicción, que hayan designado para efectuar las tareas correspondientes a los módulos de evaluación de la conformidad a que se refiere el artículo 9, junto con los números de identificación que les haya asignado la Comisión de conformidad con el apartado 4 del presente artículo, el tipo o tipos de instrumentos de medida para los que se haya designado a cada organismo así como, en su caso, las clases de precisión de los instrumentos, el campo de medida, la tecnología de medición, y cualquier otra característica de los instrumentos que limite el ámbito de la notificación.

Una resolución sobre un crédito no impugnado dictada en un Estado miembro será certificada como título ejecutivo europeo, previa petición presentada ante el órgano jurisdiccional de origen en cualquier momento, cuando:

en Suecia, en los procedimientos sumarios de requerimiento de pago (betalningsföreläggande), el término "órgano jurisdiccional" comprenderá el Servicio público sueco de ejecución forzosa (kronofogdemyndighet).

El Tribunal de Justicia tendrá competencia jurisdiccional plena, con arreglo al artículo 229 del Tratado, sobre los recursos interpuestos contra las decisiones mediante las cuales la Comisión haya fijado una multa sancionadora o coercitiva.

Una resolución que haya sido certificada como título ejecutivo europeo por el órgano jurisdiccional de origen debe considerarse, a los efectos de la ejecución, como si se hubiera dictado en el Estado miembro en el que se persigue la ejecución.

Los órganos jurisdiccionales competentes para comprobar el pleno cumplimiento de las normas mínimas procesales deben expedir, si ésas se cumplen, un certificado de título ejecutivo europeo normalizado, que haga transparente este examen y su resultado.

La ausencia de impugnación por parte del deudor a que se refiere la letra b) del apartado 1 del artículo 3 puede consistir en la incomparecencia en la vista o en la omisión de respuesta a la invitación del órgano jurisdiccional a presentar alegaciones por escrito.

En caso de una operación en la que las contrapartes en potencia estén situadas en distintas jurisdicciones, la empresa de inversión respetará el estatuto de la otra empresa, tal como lo determinen la legislación o las medidas del Estado miembro en el que esté establecida esa empresa.

A instancia del deudor, el órgano jurisdiccional competente del Estado miembro de ejecución denegará la ejecución si la resolución certificada como título ejecutivo europeo es incompatible con una resolución dictada con anterioridad en un Estado miembro o en un tercer país, siempre que:

de las medidas de control aplicables a los buques pesqueros que enarbolen pabellón de las Partes contratantes de la Convención para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos, denominada en lo sucesivo "la Convención", que faenen en la zona de la Convención en aguas no sujetas a jurisdicciones nacionales;