la jurisprudencia confirma, asimismo, la competencia de los Tribunales nacionales para controlar la aplicación de las normas nacionales que regulan la ejecución de medidas coercitivas.

de la jurisprudencia se desprende que la autoridad judicial nacional puede, en particular, solicitar a la Comisión la información adicional que necesite para realizar su control y a falta de la cual podría denegar la autorización;

Sin perjuicio de los principios y normas pertinentes del Derecho nacional, incluida la jurisprudencia, el apartado 1 no se aplicará a los pasajeros que hayan renunciado voluntariamente a una reserva con arreglo a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 4.

de conformidad con la jurisprudencia del Tribunal, la Comisión debe asumir la probabilidad de que exista ayuda estatal cuando se aporten recursos públicos de una forma que no sería aceptable para un inversor privado que opere en condiciones normales de economía de mercado;

Los artículos 81 y 82, aunque aplicables a determinadas concentraciones según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, no son suficientes para controlar todas las operaciones que puedan resultar incompatibles con el régimen de competencia no distorsionada previsto en el Tratado.

Para los contratos públicos cuyo importe sea inferior al que hace necesaria la aplicación de las disposiciones sobre coordinación comunitaria, conviene recordar la jurisprudencia del Tribunal de Justicia conforme a la cual son aplicables las normas y principios del Tratado antes mencionados.

Para garantizar el respeto del principio de igualdad de trato en la adjudicación de los contratos, conviene establecer la obligación consagrada por la jurisprudencia de garantizar la transparencia necesaria que permita a todos los licitadores informarse razonablemente de los criterios y modalidades que se aplicarán para determinar la oferta económicamente más ventajosa.

Por lo que se refiere a las listas oficiales de operadores económicos autorizados, es importante tener en cuenta la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas en los casos en que un operador económico que forme parte de un grupo utilice la capacidad económica, financiera o técnica de otras sociedades del grupo en apoyo de su solicitud de inscripción.

A fin de garantizar la observancia del principio de igualdad de trato en la adjudicación de los contratos, conviene establecer la obligación -consagrada por la jurisprudencia- de asegurar la transparencia necesaria para que cualquier licitador pueda informarse razonablemente de los criterios y modalidades que se aplicarán para determinar la oferta económicamente más ventajosa.

Sin perjuicio de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, también conviene fijar el alcance del control que la autoridad judicial nacional podrá ejercer cuando autorice, según lo dispuesto en la normativa nacional y como medida cautelar, el apoyo de las fuerzas de orden público a fin de vencer la posible oposición de una empresa a una inspección, incluida la colocación de precintos, ordenada mediante decisión de la Comisión;

Es importante tener en cuenta la jurisprudencia del Tribunal de Justicia en los casos en que un operador económico invoque las capacidades técnicas, financieras o económicas de otras entidades, con independencia del carácter jurídico de la relación existente entre el operador y las entidades, con objeto de satisfacer los criterios de selección o, en el contexto de los sistemas de clasificación, en apoyo de su solicitud de clasificación.

La presente Directiva está basada en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, en particular la relativa a los criterios de adjudicación, que clarifica las posibilidades con que cuentan los poderes adjudicadores para atender las necesidades de los ciudadanos afectados, sin excluir el ámbito medioambiental o social, siempre y cuando dichos criterios estén vinculados al objeto del contrato, no otorguen al poder adjudicador una libertad de elección ilimitada, estén expresamente mencionados y se atengan a los principios fundamentales enumerados en el considerando 2.

La presente Directiva está basada en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, en particular la relativa a los criterios de adjudicación, que clarifica las posibilidades con que cuentan las entidades adjudicadoras para atender las necesidades de los ciudadanos afectados, sin excluir el ámbito medioambiental o social, siempre y cuando dichos criterios estén vinculados al objeto del contrato, no otorguen a la entidad adjudicadora una libertad de elección ilimitada, estén expresamente mencionados y se atengan a los principios fundamentales enumerados en el considerando 9.